Acciones de la Defensa Pública para el Acceso a Justicia de la comunidad wichí

Mayo 4 2021
El Impenetrable
Durante abril, en el marco del programa de Defensoría Itinerante, creado por Res. DG 123/19, la Defensora General Adjunta, Gisela Gauna Wirz e integrantes del Ministerio Público de la Defensa, mantuvieron reuniones con representantes de la comunidad wichí de Comandancia Frías, el cacique Francisco Miranda, el presidente de la Asociación Civil "Wela Media Luna", Lucas Rojas y el Secretario Del Aborigen de la Municipalidad de Fuerte Esperanza, Juan García, a los fines de tomar conocimiento de las necesidades de la comunidad y brindarles asesoramiento. 
 
Asimismo, mantuvieron una reunión con la jueza de paz de la localidad, Dra. Eugenia Mercado, donde de forma conjunta se analizaron necesidades y propuestas de la comunidad. También se verificaron las condiciones de detención de las personas alojadas en la comisaría, tomando contacto con quienes fueran asistidos por la defensa pública.
 
En El Sauzalito se constituyó la comisión del MPD junto con la Defensora Oficial de Misión Nueva Pompeya, Mirtha Bejarano y la intérprete de lengua wichí Patricia García, donde escucharon las demandas de los caciques, pobladores y presidentes de asociaciones civiles de las comunidades wichis de Sauzalito, el Vizcacheral, Tartagal y Fortín Belgrano, recibiéndose un petitorio en el cual se detallaban 46 puntos referidos a compromisos del Estado con la Comunidad y diversas necesidades. 
 
En la búsqueda de alternativas, la Defensora General Adjunta dialogó y transmitió las peticiones de la Comunidad Wichí ante representantes del Gobierno Provincial así como ante legisladores y legisladoras de la provincia y el defensor del pueblo del Chaco, con el objetivo de lograr, de forma progresiva, el cumplimiento de los acuerdos celebrados por el Estado.
 
Desde el MPD se han comprometido a acompañar a la comunidad wichí, en los términos establecidos por la ley 913-B at. 66 inc. d) y e), a fin de garantizar el acceso a justicia y el pleno respeto de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en el marco de la legislación nacional e internacional vigente.