El Ministerio Público de la Defensa cumple dos años de su puesta en funcionamiento - Infojus 98

Abr 26 2018
Por: Alicia Alcalá - Defensora general
 
Con la sanción de la  ley 7.321 (modificatoria de la ley 4396, ley orgánica del Ministerio Público), la provincia del Chaco se adecuó a los tratados internacionales sobre derechos humanos y a la manda Constitucional Nacional (artículo 120) en orden a establecer la igualdad de condiciones entre la acusación y la defensa. Además de garantizar la efectivización del derecho a acceder a la justicia de las personas en mayor estado de vulnerabilidad.
 
Esta norma dividió el Ministerio Público en Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa. Determinó la integración, funciones, atribuciones e incompatibilidades de cada uno de ellos. 
 
A partir de la misma se puso en funcionamiento el MPD, siendo la cabeza del mismo la defensora general, Alicia Beatriz Alcalá y la defensora general adjunta, Gisela Natalia Gauna Wirz. Ambas fueron designadas luego de haber participado en sendos concursos públicos de antecedentes y oposición.
 
El Ministerio Público de la Defensa del Poder Judicial  tiene autonomía funcional. Su domicilio se encuentra en calle Brown Nº 301, 3º piso, ciudad
El plan de gobierno presentado por Alcalá, en oportunidad de su concurso, constituye el eje actual para el desarrollo de las políticas institucionales y las actividades que se llevan adelante con la finalidad de asegurar el acceso a justicia de las personas en mayor situación de vulnerabilidad por su condición económica, de salud, por la edad, sexo, etnia y/o cualquier otra  situación.
 
El objetivo principal es alcanzar una defensa pública especializada, eficiente y de excelencia.
 
¿Qué hemos hecho?
1. Personas con discapacidad y/o con padecimientos mentales
Fue puesto en funcionamiento en la provincia el Órgano de Revisión de Salud Mental, (Resolución Nº3 del 31 de marzo de 2016 de la Defensoría General). Es un órgano interdisciplinario e intersectorial que tiene como objetivo velar por el respeto de los derechos de las personas con padecimientos mentales. Forma parte de la Red Nacional de Órganos de Revisión.
 
El plenario, integrado por representantes de la defensa pública, de la Secretaría de Derechos humanos, del Ministerio de Salud, del Colegio de Psicólogos y de familiares y usuarios del sistema, trabaja activamente desde hace casi dos años ad honorem. 
 
El 20 de febrero del corriente año, asumió como secretaria ejecutiva Claudia Karina Sforza, luego de atravesar un concurso público de antecedentes y oposición. Ahora resta conformar el equipo técnico de apoyo que la asistirá en su función. 
 
Por otro lado, en agosto de 2016, tuvieron lugar las jornadas sobre las funciones del ORSM con la presencia de Maria Graciela Iglesias, secretaria ejecutiva del Órgano Nacional y en 2017 se realizó un encuentro con funcionarios y magistrados del interior provincial en Sáenz Peña.
 
Son muchas las personas que están internadas hace años y no se revisa su situación.  Cabe destacar que el Chaco es una de las pocas provincias que ya cuenta con este Órgano, dando así un gran paso cualitativo en intentar asegurar el acceso a la justicia de personas con padecimientos mentales y con consumo problemático de sustancias. 
 
Asimismo, quedó conformado un equipo con dos licenciadas en trabajo social que colaboran con el trabajo de las Defensorías Civiles Nº 1,2 y 3 de la primera circunscripción judicial en la atención de las personas con discapacidad.
 
2. Niñas, niños y adolescentes
El Ministerio Público de la Defensa emitió opinión sobre proyectos de leyes y ordenanzas. Tuvo destacada participación en el debate del proyecto del Código Procesal de Niñez Adolescencia y Familia. Asimismo, se encuentra trabajando, junto a  profesionales de distintas áreas,  en  propuestas para el proyecto de Código Procesal Penal Juvenil.
 
Brindó charlas y capacitaciones a cadetes de la Policía provincial, periodistas y estudiantes de periodismo acerca de los derechos a la dignidad, la intimidad, la reserva de su vida familiar y la prohibición de publicar imágenes de niñas, niños y adolescentes (NNA).
 
Representantes de la defensa pública participan de las comisiones para la efectiva aplicación de la ley Nº C 2086 (antes ley Nº7.162)  de protección de derechos de NNA. Están trabajando en las comisiones de adolescentes en conflicto con la ley penal y con consumo problemático de sustancias; niños/as en adopción y niños/as y adolescentes víctimas de abuso sexual y niños/as y adolescentes con padecimientos mentales.
 
Los asesores de menores de edad con competencia penal asisten a los NNA víctimas en Cámara Gesell, incrementando notoriamente la cantidad de casos durante 2017.
 
Se llevó a cabo un protocolo de actuación con el Registro Civil y de Capacidad de las Personas respecto a la implementación del artículo 583 del Código Civil y Comercial.
 
3. Género
Representantes del Ministerio Público de la Defensa participan en foros, reuniones y ofrecen charlas sobre la temática de género, violencia familiar y adicciones.
Están colaborando con la elaboración de un protocolo de actuación en casos de violencia familiar, armonizando las disposiciones de convencionales  y legislación interna.
 
En la parte penal fue implementado el turno del “defensor para querellas” a fin de brindar una mejor atención, especialmente a las víctimas de violencia de género, a fin de que puedan tener una participación activa en el proceso.
                   
4. Personas privadas de su libertad
Atendió las particulares situaciones de detención tanto de condenados como procesados. Se interpusieron acciones colectivas. Por disposición del Superior Tribunal de Justicia fue conformada una mesa de trabajo para el seguimiento de las sentencias recaídas en algunas de éstas, las que se han cumplido. 
 
No obstante ello, desde la Defensoría General, continúa coordinándose esa mesa de trabajo para abordar la situación de todos los lugares de detención y cumplimiento de pena en la provincia, lo que generó un espacio de diálogo e interacción entre los distintos organismos involucrados en la temática. Todo ello con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas privadas de su libertad y cumplir con el mandato constitucional de lograr su reinserción en la sociedad.
 
Durante cuatro meses de 2017 se dictó en la Alcaidía de Resistencia un curso sobre derechos humanos. Participaron representantes de la defensa pública, del Comité de prevención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes y de la Asociación Pensamiento Penal. En febrero de este año se entregaron los certificados a los alumnos. Se reeditará el mismo en el interior de la provincia.
 
También se logró que los defensores oficiales sean anoticiados desde la Comisaría cuando alguna persona solicita sus servicios, a fin que éstas puedan contar con defensa desde el primer momento de la detención.
 
La defensora general adjunta efectuó asiduamente monitoreos en las Alcaidías y Comisarías provinciales, haciendo un relevamiento de las condiciones de detención y entrevistando a las personas que son atendidas por defensores públicos. De la misma forma lo hacen estos profesionales. A través de esta actividad se cumple con las disposiciones de los tratados internacionales y con los protocolos de actuación respecto de la intervención de la defensa pública.
 
5. Adultos mayores
Tuvieron lugar distintas reuniones con el Ministerio de Desarrollo Social,  Dirección de Adultos Mayores, representantes actuales del Consejo de Adultos Mayores y  la Municipalidad de Resistencia en vistas a conocer los centros de apoyo, refugios, hogares existentes; el alcance y funcionamiento de la línea 108 en el ámbito provincial; y trabajar en la articulación de acciones para la elaboración de políticas vinculadas con los adultos mayores.
 
También se mantuvo una reunión con el Ministerio de Desarrollo Social,  Dirección de Adultos Mayores, representantes actuales del Consejo de Adultos Mayores, la ministra del Superior Tribunal de Justicia, Iride Isabel María Grillo y representantes del Ministerio Público, en pos de trabajar en la conformación definitiva del Consejo de Adultos Mayores y dar de esa forma cumplimiento a lo establecido por el art. 18 de la ley 2553-B, (antes ley 7942). 
 
El Ministerio Público de la Defensa ya eligió sus representantes para dicho Consejo, todo lo cual fue puesto en conocimiento del STJ y del Ministerio de Desarrollo Social.
 
6. Indígenas
Desarrolló iniciaron acciones colectivas en defensa de los derechos de integrantes de pueblos originarios.
 
Ofreció  charlas y cursos de capacitación en Castelli y Nueva Pompeya. Y colaboró con el Centro de Estudios Judiciales en la capacitación de los Traductores Indígenas.
 
Relaciones con otros organismos 
La provincia del Chaco está representada en el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y en ADEPRA (Asociación de defensores públicos de la República Argentina).
 
La Defensoría General conforma el Consejo de Seguridad provincial y está representada en el Comité de Prevención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. En este punto se destaca la labor conjunta que está llevando adelante ambos organismos a fin de minimizar la violencia institucional. 
La defensora oficial Nº11, Lorena Laura Andrea Padován, fue elegida defensora interamericana, lo que ennoblece la actividad de la defensa pública provincial y nacional.
 
El 25 de noviembre de 2016 se llevaron a cabo las primeras jornadas de la defensa pública del Chaco en Sáenz Peña. En dicha oportunidad fue agasajado el procurador general Jorge Canteros por haber estado más de treinta y dos años al frente del Ministerio Público de la Defensa. Del mismo modo, el 7 de diciembre se realizaron las II Jornadas en la ciudad de Villa Ángela. 
 
En estos eventos hay un espacio para la formación académica y otro para el intercambio de prácticas, opiniones y experiencias entre todos los defensores y asesores de menores de edad provinciales. 
 
Fueron designados los representantes de la defensa pública en el Comité Provincial de Prevención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes y  en el Consejo Provincial de Adultos Mayores.
 
¿A qué aspiramos?
En primer lugar aspiramos a que el Ministerio Público de la Defensa sea incorporado a la Constitución Provincial con autonomía funcional y autarquía financiera.
Si bien la ley 7321 (digesto) significó un gran avance para la provincia del Chaco, como ya lo hemos señalado, no previó una estructura de cargos ni oficinas de la defensa pública acorde a los reclamos y necesidades actuales.
 
Las distintas problemáticas que presenta la sociedad actual deben ser atendidas por profesionales especializados en las diversas áreas. De allí surge la necesidad imperiosa de contar con más defensores y asesores capacitados. Es por ello que en marzo de 2017 se envió al Superior Tribunal de Justicia un proyecto de modificación en el que se incorporaron los cargos necesarios y nuevas funciones para sostener e incentivar a los agentes que integran el Ministerio Público de la Defensa. 
 
Además se previó la creación de las defensorías de ejecución penal; defensorías de cámara; defensoría de género; defensoría de pueblos originarios; defensorías itinerantes;  asesorías de niños/as y adolescentes víctimas de delitos. Además de la creación de nuevas defensorías barriales, ya que la única existente en la provincia es la del barrio Güiraldes de Resistencia. Se introdujo el  desdoblamiento de todas las asesorías de menores de edad y defensorías multifuero del interior de la provincia, en civiles y penales.
 
Esperamos que el Poder Legislativo convierta en ley el proyecto para la creación de las  Defensorías Civiles Nº 8 y 9 de la primera circunscripción judicial. Al respecto es de público conocimiento que existen sólo tres defensorías civiles que no dan abasto ante el aumento de casos de personas en situación económica crítica. Además, el Poder Judicial incrementó la cantidad de juzgados en distintas materias (civiles, ejecución, laborales), ante los cuales las tres funcionarias deben actuar en representación de los justiciables. A más de ello intervienen en las situaciones de personas con declaración de incapacidad y con adultos mayores. 
 
Conclusión
La Defensoría General es una institución al servicio de las personas en mayor estado de vulnerabilidad social. Sus puertas están abiertas para recibir sus inquietudes y problemáticas; a la vez que articular las medidas necesarias para efectivizar sus derechos.
 
El Ministerio Público de la Defensa tiene aún muchas acciones para llevar adelante, lo cual exige cada día redoblar esfuerzos por la excelencia de la defensa pública, tarea que beneficia a toda la sociedad chaqueña.
 
 
Alicia Alcalá