El derecho constitucional, herramienta para una sociedad mejor - Infojus 90

Sep 18 2017
La primera semana de agosto la ciudad de Resistencia fue sede el XXIII Encuentro de Profesores de Derecho Constitucional, el evento más importante de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, cuyo objeto fue debatir sobre los temas actuales y más trascedentes en la materia. 
 
La temática giró en torno a la relación de la Justicia con cuatro ejes de fundamental importancia en el momento: transparencia, división de poderes, federalismo y desarrollo humano. Cada debate estuvo signado más que por la transmisión de conocimiento, por la búsqueda de soluciones y el ofrecimiento de propuestas a cada problema concreto. 
 
Resulta pertinente, entonces, recordar la importancia del derecho constitucional en nuestra vida cotidiana y en el quehacer diario tanto de las instituciones como de cualquier ciudadano. El valor de instalar estos temas en la agenda es muy elevado, ya que la Constitución es la carta de navegación de nuestra república y debemos conocerla cabalmente a fin de respetarla y hacerla valer.
 
El proceso de descreimiento institucional por el que atraviesa hoy nuestra sociedad tiene un profundo vínculo con la falta de sentimiento constitucional de la que padecemos los argentinos. Y es a fin de reivindicar la fuerza normativa del texto supremo que debemos dedicarnos arduamente a su enseñanza y difusión, con el objeto final, por supuesto, de su absoluto acatamiento. 
 
Base de la convivencia social
La Constitución regula las bases de la convivencia social, regula y limita el poder del Estado, determina la forma en que se ejerce el poder y la manera en que los órganos que lo ejercen se relacionan y, por supuesto, cataloga libertades, derechos y deberes. De allí, que el derecho constitucional no sea una rama más del derecho: es del cual nacen todas las otras ramas del ordenamiento jurídico. 
 
El derecho constitucional regula la vida institucional de un país, la forma en que los poderes constituidos ejercen las funciones que la norma suprema categórica y taxativamente les demarca. Además, establece aquellos de derechos de los que goza inclaudicablemente cada ciudadano como titular de la soberanía popular sobre la que reposa todo nuestro ordenamiento, toda nuestra república.
 
La Constitución Nacional es un pacto que da vida a nuestra organización institucional, por lo que la responsabilidad de su obediencia y acatamiento radica en todas y cada una de las personas que formamos parte de esta organización. Aunque, con mayor grado de responsabilidad, en las autoridades y funcionarios públicos. Ello implica que el ciudadano debe inmiscuirse es el conocimiento constitucional, a fin de evaluar y exigir a las autoridades públicas el cumplimiento de los mandatos constitucionales. No solo en las urnas, bianualmente, sino día a día, mediante los múltiples mecanismos de control que ofrece nuestro sistema normativo. 
 
La necesidad de valorizar el sistema constitucional, que los temas vinculados a ello ingresen y permanezcan en agenda radica en que la Constitución es la base del ordenamiento jurídico, y su incumplimiento debería ser motivo de responsabilidad por parte de las personas que ejercen el poder. 
 
En dicho sentido adquieren relevancia los conceptos que nos aporta la doctrina, de Constitución formal y Constitución material. La primera es aquella que efectiva y normativamente nos rige (con cada una de sus reformas) desde 1853 hasta 1994. La segunda indica, como enseñaba el maestro Germán Bidart Campos desde la dimensión sociológica, aquello que se cumple y lo que no. Este gran autor destacaba que la Constitución posee en sí misma fuerza o vigor normativos, lo que significa que es exigible, obligatoria, aplicable y vinculante para todos: gobernantes, autoridades y  particulares (Manual de la Constitución Reformada, Ediar, 2003, Tomo I).
 
Para garantizar esta fuerza normativa es que debemos conocer las normas que nos amparan, regulan y rigen el estado constitucional y convencional de derecho en el que vivimos, cuya responsabilidad conservación y mantenimiento radica en cada ciudadano. El respeto del sistema constitucional es responsabilidad de todos.
 
Como se decía más arriba, el articulado supremo regula tanto la distribución y el ejercicio del poder como las libertades, derechos y garantías de los que goza cada persona que quiera habitar el suelo argentino. La Constitución, en toda su magnitud, es una garantía y nos provee de todos los mecanismos necesarios para defenderla y hacerla valer.   
 
La reforma del ‘94
Cuando nos referimos a los derechos y garantías no podemos obviar la incorporación, en 1994, mediante el artículo 75 inciso 22, de los pactos e instrumentos internacionales para la protección de derechos humanos. Este catálogo que posteriormente fue ampliado a través del procedimiento que el mismo artículo dispone, contando hoy con catorce instrumentos elevados a dicha jerarquía. 
 
Esta mal llamada “hiperinflación” de derechos no sólo normativiza una serie de postulados que otrora tenían vigencia virtual a través de principios generales en materia de derechos humanos tales como: pro homine, pro libértate u otros similares; sino que, además, impone al Estado la obligación internacional de velar por el cumplimiento de los derechos humanos, y lo somete a responsabilidad internacional ante los órganos de aplicación de aquellas convenciones. 
 
Sin ir más lejos, la Republica Argentina fue condenada internacionalmente en reiteradas oportunidades por el accionar de los tres poderes del Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (órgano que encabeza el Pacto de San José de Costa Rica y cuyo sistema se erige como un verdadero ius commune interamericano) encontró responsable a nuestro país por el incumplimiento de los derechos más variados. Desde la vida y la integridad física, pasando por la libertad de prensa y expresión, hasta el debido proceso y el respeto por las garantías judiciales, entre otros. 
 
Estos reproches también recayeron en cabeza de nuestra provincia, tanto por parte del sistema interamericano (integrado también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) como del sistema universal (a través del Comité de Derechos Humanos de la ONU). Algunos de los casos más resonantes fueron: Greco y L.N.P., entre otros, erigidos como bisagras en la materia, y motivos de importantes avances y mejoras.
 
Preguntas necesarias
Ahora bien, previo a alcanzar el cabal cumplimiento de las normas constitucionales  debemos preguntarnos ¿Cuánto nos resta aún para el cabal conocimiento de nuestros derechos y obligaciones constitucionales? ¿Cuánto hacemos a diario, como autoridades o como simples vecinos para que el otro conozca las libertades de las que goza, los medios que posee para hacer valer aquellas garantías o la forma en que los funcionarios pueden responder ante la ciudadanía por el incumplimiento de sus deberes? 
 
Debemos crear conciencia y sentimiento constitucional, promulgar y difundir sus preceptos, sus contenidos. Hace más de 30 años el tratadista español Lucas Verdú pretendía, a través de la divulgación y reafirmación de ese sentimiento constitucional volver a las cosas, las sustancias y a la necesidad de legitimar el poder, de reintegrarlo a la realidad. El objetivo era que la sociedad civil encuentre motivos de adhesión afectiva al ordenamiento que disciplina nuestra convivencia (El sentimiento constitucional. Aproximación al estudio del sentir constitucional como modo de integración política, Madrid, Reus, 1985).
 
De allí que los esfuerzos deben estar dirigidos a conocer la Constitución,  valorarla y reconocerla como la más eficaz garantía en resguardo de las libertades y derechos humanos, de nuestra forma republicana y democrática de gobierno. También a valorar el estado constitucional y convencional de derecho como nuestra forma de vida, y tomar conciencia de su importancia y la responsabilidad que a todos nos cabe en su mantenimiento. Finalmente, convencernos de que las herramientas para una sociedad mejor están al alcance de nuestras manos y sólo requieren efectiva voluntad de cumplimiento por parte de todos.